Los delincuentes se hacían pasar por miembros de diferentes cuerpos policiales, paralizando el normal funcionamiento de los equipos de destino con un virus asegurar a los dueños de los mismos que se había detectado actividad online ilegal, como el acceso a páginas de pornografía infantil o redes de intercambio de archivos.
En consecuencia, si querían desbloquear sus equipos debían pagar previamente una multa de 100 euros de media. Dado que un 3% de los usuarios cuyos equipos fueron infectados cayeron en la trampa, se estima que esta red acabó manejando varios millones de euros.
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